

HÉCTOR BARBOTTA
En el pleno municipal del pasado viernes, salpicado de inevitables referencias a las próximas citas electorales, se echó en falta un punto que según la planificación del equipo de gobierno debía haberse aprobado pero que un acontecimiento inesperado lo retiró de la agenda: el plan de sectorización de la Serranía, el emplazamiento llamado a albergar el futuro parque empresarial de Marbella siempre y cuando el traslado del polígono de La Ermita no acabe en encallado en los tribunales.
Como se recuerda, dos semanas atrás se conoció una sentencia de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA que anuló las determinaciones del Plan General de Marbella en lo referente al traslado del polígono de La Ermita a la Serranía por considerar, basándose en un informe presentado por los demandantes –dos propietarios de naves–, que los usos de la primera no caben en la segunda.
El Ayuntamiento anunció poco después la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo en el que se pediría unificación de doctrina, ya que otras cuatro sentencias de la misma sala avalan el traslado, pero ahora se exploran otros posibles caminos. El objetivo es que una actuación que se considera esencial para al desarrollo de la ciudad no se acabe frustrando, pero aunque el anuncio del recurso ya fue formalmente presentado para evitar que el plazo prescriba, en las oficinas municipales no existe convencimiento de que la fórmula judicial sea la mejor para seguir adelante. El riesgo a que el traslado acabe encallando en un laberinto judicial con tiempos de resolución exasperantemente dilatados es demasiado grande.
El Ayuntamiento se enfrenta a un problema cuya resolución no es fácil: dar cumplimiento a la sentencia sin por ello abandonar el proyecto. Según los responsables municipales, aunque estrecho, existe un margen para hacerlo. Esta opinión se basa en que la resolución judicial considera que el espacio disponible en la Serranía es insuficiente para acoger a todas las naves que actualmente existen en La Ermita, y ello puede solucionarse de diversas maneras. En primer lugar, según fuentes consultadas por este periódico, porque el plan de sectorización, que no estaba terminado cuando la demanda se dirimió en los tribunales, ofrece garantías de que sí hay sitio suficiente y en todo caso aún se está a tiempo de corregirlo en caso de que fuera necesario. En segundo lugar, porque no todo lo que existe actualmente en La Ermita debería trasladarse. Sólo tendrían que hacerlo los usos industriales. Y en tercer lugar, porque aunque la sentencia dicta una resolución contra el Plan General de Marbella, el traslado está previsto en un documento de rango superior, el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol, al que el PGOU debe subordinarse.
Con todos estos parámetros a la vista, el Ayuntamiento trabaja en estos días para encontrar fórmulas que permitan seguir adelante, y a ello se debió que el plan de sectorización, en el que se ordenaban todos los usos del suelo de destino y que probablemente deberá modificarse, no fuese llevado a pleno. Pero hay un motivo más. Los responsables municipales consideran que los principales interesados en que el traslado se haga son los propietarios de suelo y naves en el suelo de origen, el polígono La Ermita. Y aunque hay más de 600 naves, la mayor parte de la propiedad está muy concentrada. Por ello también han iniciado una labor de acercamiento para evitar que las diferencias sobre este asunto estratégico para el futuro de la ciudad se siga dirimiendo en los tribunales donde, aseguran, nadie gana y todos pierden.